Tomado de udea.edu.co
Medellín, 16 de agosto de 2011
En la Universidad de Antioquia se ha vuelto frecuente en el último año que cuatro o cinco individuos encapuchados detonen artefactos explosivos, generando pánico, confusión y provocando el desalojo del campus universitario, la mayoría de las veces por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– mediante el uso desproporcionado de la fuerza, afectando a poco más de treinta mil personas. Esta situación no tiene fundamento alguno, ningún fin por noble que sea puede ser defendido en nuestra Universidad por las vías violentas y menos colocando en riesgo la integridad física, psicológica e intelectual de todas las personas que integramos la comunidad académica.
Sara Yaneth Fernández Moreno Sara Emilia López Giraldo
Presidente Presidenta
Asoprudea Sintraunicol
Medellín, 16 de agosto de 2011
En la Universidad de Antioquia se ha vuelto frecuente en el último año que cuatro o cinco individuos encapuchados detonen artefactos explosivos, generando pánico, confusión y provocando el desalojo del campus universitario, la mayoría de las veces por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– mediante el uso desproporcionado de la fuerza, afectando a poco más de treinta mil personas. Esta situación no tiene fundamento alguno, ningún fin por noble que sea puede ser defendido en nuestra Universidad por las vías violentas y menos colocando en riesgo la integridad física, psicológica e intelectual de todas las personas que integramos la comunidad académica.Esta situación ha llevado a que los estamentos de la Universidad nos centremos en la discusión sobre los disturbios, los encapuchados y la acción del Esmad, mientras silenciosamente la discusión sobre la propuesta de reforma a la Ley 30 se queda sola, sin querientes, sin debates, sin propuestas.
Es inaudito e inadmisible que las afectaciones a la salud física y mental de trabajadores/as, empleados/as, docentes y estudiantes, producto de las detonaciones y de los gases, del pánico, tales como: los ataques de ansiedad, enfermedades respiratorias, migrañas, trastornos del sueño, la pérdida de bienes muebles, materiales y equipos, y, muy especialmente, la alteración de la actividad académica, de las labores misionales de la Universidad, se conviertan en un hecho cotidiano de cada semana en la Universidad de Antioquia, que no genere ninguna reacción por parte de quienes tenemos el deber esencial de defender la universidad pública.
De forma contundente y categórica, la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia –Asoprudea– y el Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia –Sintraunicol, Universidad de Antioquia–, rechazamos toda forma de acción violenta, tanto la que protagonizan grupos de personas encapuchadas, sean quienes sean, como la del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, dado que sus acciones colocan en grave riesgo la vida, la libertad y la integridad de las personas de la comunidad universitaria, lo mismo que, los bienes de la Universidad.
La defensa de la universidad pública, el rechazo al proyecto de reforma de la Ley 30 se llevan a cabo por la vía del diálogo, el debate, la argumentación y la concertación. Hay que construir un poderoso y dinámico movimiento social en defensa de la educación pública en Colombia, que cuente con el respaldo de padres y madres de familia, vecinos, amigos, y cercanos, que se movilice en torno a la importancia de defender la universidad pública, el acceso y el derecho a la educación superior como bien público y obligación de Estado; pero ello no se logra con acciones aisladas, aventureras e irresponsables como las que se expresan en la detonación de artefactos explosivos, la confrontación al interior de la Universidad, la generación de pánico y la provocación del ingreso de las unidades del Esmad. La defensa de la Universidad se hace con la cátedra abierta y las puertas abiertas y las unidades académicas funcionando cabalmente, los claustros sesionando y las asambleas concurridas y debatiendo.
Es necesario desarticular una corriente de interés que busca minimizar, invisibilizar y distorsionar el tema central de la coyuntura que debemos debatir: la propuesta de reforma a la Ley 30 y sus alcances, la privatización de la educación superior y la consideración de la educación como un servicio cultural y no como un derecho humano fundamental, que pretende replicar en el derecho a la educación el mismo modelo fallido aplicado en salud con las funestas consecuencias que conocemos.
Convocamos a todos los estamentos de la Universidad para que sumemos esfuerzos en pos de una defensa argumentada de la educación pública y esto implica exigir a los grupos de encapuchados que cesen sus acciones y permitan el funcionamiento cabal de la Universidad; sólo así sumaremos y seguramente multiplicaremos, porque de seguir como vamos, si las matemáticas no nos fallan, terminaremos restando y dividiendo.
Por la urgencia de construir conjuntamente caminos de consenso y pactos civilistas de trabajo mancomunado, nos vemos en la necesidad de partir de este acuerdo básico entre todos los estamentos y por tanto, no negociable: el cese inmediato de las acciones violentas en el campus y el correspondiente respeto de la fuerza pública de la autonomía universitaria.
Presidente Presidenta
Asoprudea Sintraunicol
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