Por: César Enrique Herrera De la Hoz, Unimedios. Publicado por UN Periódico #147 del 9/04/11
El Gobierno nacional presentó el 10 de marzo la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992. La incitativa tiene cuatro grandes objetivos: asegurar calidad, disminuir la deserción, adecuar los programas académicos a las necesidades de las regiones y fundamentar la gestión educativa en la transparencia. La discusión ya empezó y se pronostica un proceso largo y complejo antes de que el proyecto llegue al Congreso de la República.
La Ley 30 fue aprobada en 1992 con el objetivo de organizar el servicio público de la educación superior. Durante el año 2010, ante las denuncias de diversos rectores de universidades públicas frente al creciente déficit presupuestal, se inició un importante debate nacional que llevó a la otrora ministra de Educación, Cecilia María Vélez, a presentar una propuesta de reforma a dicha ley.
El proyecto se radicó en el Congreso de la República en abril de ese mismo año, y se concentraba en reformar el sistema de financiamiento de la educación superior (especialmente en los artículos 86 y 87). Cuando empezó el nuevo periodo legislativo, la iniciativa fue archivada y el gobierno entrante transformó la idea de una reforma puntual para dar paso a un cambio amplio y complejo, diseñado en su totalidad a puerta cerrada.
El 10 de marzo del 2011 se destaparon las cartas y se presentó una propuesta que no se limita únicamente a temas presupuestales (tiene 164 artículos), y busca, entre otros elementos, un importante revolcón en la organización del sistema, refuerza el control y vigilancia de las instituciones de educación superior y le da mayor protagonismo a entidades como el Sena. (El texto completo se puede conocer en www.agenciadenoticias.unal.edu.co).
Respuestas al problema presupuestal
El primer objetivo de la reforma es promover mayor calidad en la enseñanza y la investigación, para lo que propone mejorar los sistemas de aseguramiento de la calidad y utilizar el 10% de las regalías para proyectos de ciencia y tecnología de impacto regional.
Sin embargo, Danilo Vivas, rector de la Universidad del Cauca y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), destaca la poca elaboración que en el articulado tienen los temas fundamentales como calidad, investigación e internacionalización, comparados con el contenido de la inspección y vigilancia que es ampliamente detallado e incluso sobredimensionado. Por ejemplo, señala Vivas, el Gobierno busca avalar la normativa interna de las universidades, lo que se convierte en una clara transgresión a su autonomía.
El segundo objetivo del Gobierno es disminuir la deserción y mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema, buscando la flexibilización de la oferta y la participación regional. Para lograrlo, se ampliará la base presupuestal de las IES públicas, aumentando el 1% de los recursos actuales en el 2012, el 2% en el 2013 y el 3% entre el 2014 y el 2019.
Rectores de universidades públicas consideran que la reforma no resuelve las dificultades estructurales de financiación que existen. Luis Alberto Uribe, de la Universidad de Antioquia, señala que en este tema no hay avances. “Lo mismo que se había discutido con el anterior gobierno, pero ya estamos retrasados porque deberían estar vigentes algunos incrementos presupuestales”.
El principal problema, destaca Uribe, es que en las dos últimas décadas las instituciones universitarias públicas aumentaron cobertura en pregrado y se multiplicaron en posgrado, crecieron en investigación y extensión, pero con el presupuesto congelado desde 1998. Infortunadamente, las implicaciones de esta situación no son analizadas por el actual Gobierno.
Calidad y educación con ánimo de lucro: ¿compatibles?
Dada la falta de dinero para alcanzar el segundo objetivo de la reforma, el MEN plantea la creación de universidades con ánimo de lucro. Para esta estrategia se ha tomado como referencia el caso de Brasil, donde el Gobierno amplió la cobertura de 1.800.000 estudiantes a 6.000.000 en menos de 20 años, teniendo un 75% de instituciones de esta naturaleza.
Al respecto, Carlos Angulo Galvis, rector de la Universidad de los Andes, indica que la ley busca la formalización de una situación que se ha venido presentando en el país desde hace varios años. “No se está haciendo ningún cambio. Hoy día existen muchas instituciones con ánimo de lucro. Las privadas sin ánimo de lucro somos muy pocas”.
En este sentido, las preguntas se dirigen hacia el tipo de control y vigilancia de la calidad ofrecida en dichos centros educativos, además de la posibilidad de que los estudiantes reciban una formación integral (lo que incluye temas poco rentables en países como Colombia a la inversión privada: artes, música o cultura).
Un tercer propósito es fundamentar la gestión educativa en el buen gobierno y la transparencia, buscando una mayor rendición de cuentas por parte de las universidades. Ante esto, Vivas establece que el buen gobierno no se puede construir a partir de la desconfianza en el sistema, y menos si hoy en día los organismos de control del Estado como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía ejercen una estricta vigilancia.
“Las universidades públicas hemos venido trabajando en el tema de rendición de cuentas a la sociedad. Por lo tanto, el control debe enfocarse hacia universidades privadas que están ligadas a pequeños grupos de intereses económicos o familiares y que no están haciendo los esfuerzos necesarios para asegurar la calidad”, añade.
Discusión de largo aliento
Dada la magnitud de los cambios que se plantean, la propuesta ha empezado a ser debatida en diversos espacios académicos y foros dispuestos por el Gobierno nacional. Para el rector de la Universidad del Valle, Iván Ramos Calderón, es importante conocer cada uno de los artículos de la nueva reforma para valorarlos y comentarlos. “Esperamos tener el tiempo suficiente para desarrollar la discusión ante la cantidad de puntos propuestos”, puntualiza.
Y en efecto, no se ha fijado una fecha límite para la finalización de las discusiones, mientras se han establecido reuniones con rectores y profesores universitarios y está disponible un foro virtual en el sitio web www.colombiaaprende.edu.co para que la sociedad en general participe. La preocupación, entonces, que tiene el sector universitario es saber de qué forma se conciliarán temas reales de las universidades, tan opuestos a los que propone el Gobierno nacional para su discusión.
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